Archive - Jul 10, 2015

De aprobarse en su versión actual, el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés) podría llevar a las naciones participantes a frenar o incluso a revertir regulaciones financieras adoptadas tras la crisis financiera de 2008, como las concernientes a la restricción de las dimensiones de las entidades bancarias, aplicada para que éstas no puedan volverse “demasiado grandes como para fallar”.

El Acuerdo sobre Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés) que negocia México con Estados Unidos, la Unión Europea y 20 países más, incluye la liberalización de servicios de transportes marítimos de gran parte de la cadena. Tal liberalización podría afectar a unas cuatro mil pequeñas y medianas empresas que prestan las más diversas actividades en los puertos del país, así como a trabajadores de diversos gremios como el de estibadores, de acuerdo con participantes en esos negocios.

Los anexos del Acuerdo sobre Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés) que hoy revela Wikileaks conllevarían, en caso de que ese tratado llegara a aprobarse, severas mutilaciones a la capacidad de las autoridades nacionales para controlar, regular y acotar en sus respectivos territorios la operación de empresas extranjeras en los sectores de Telecomunicaciones, Servicios Financieros y Comercio Marítimo y Electrónico.

El Acuerdo sobre Comercio de Servicios (Trade in Services Agreement, TISA) que México y más de 20 países negocian al margen de la Organización Mundial de Comercio (OMC), busca que los proveedores de gran parte de servicios, incluidos financieros y de salud, dispongan de información personal de consumidores, con la intención de intensificar su actividad, ahora a través del comercio electrónico.

La liberalización de servicios de telecomunicaciones que se negocia en el Acuerdo de Comercio de Servicios (TISA) incluye la apertura total a la inversión extranjera en este sector, el trato diferenciado a los grandes proveedores –quienes entre otras obligaciones deben permitir la desagregación de sus redes para permitir la entrada de otros competidores–, así como la apertura de todas las redes públicas de telecomunicaciones.